Los datos que fluyen en la smart city cada vez contienen más información valiosa, incluyen identificadores personales sensibles que pueden afectar al comportamiento de las personas los ámbitos de la reputación, oportunidades laborales, acceso a los servicios y en lo relativo a los derechos y obligaciones propios de la ciudadanía.
En este sentido es muy importante la manera en que se crean, almacenan y usan los datos, siendo necesario que cualquier estrategia que pretenda abordar la gestión de datos en áreas urbanas tenga un planteamiento a 2 niveles:
- Realizando un seguimiento de la recopilación de datos dentro de un alcance determinado
- Regulando el uso de los datos
Es frecuente que los sistemas jurídicos conciban estos 2 ámbitos por separado, lo que suele plantear una serie de dudas y retos.
Como la recopilación de datos tiene lugar antes que el uso acapara una mayor atención, dejando en un segundo plano el interés por el uso que se hace con los datos de los ciudadanos.
Por ejemplo, solemos aceptar de manera despreocupada los acuerdos de usuario que exigen algunas empresas y organismos al visitar sus páginas web y plataformas de redes sociales o al realizar búsquedas de datos de ubicación y compras en línea.
Por su parte, con los gobiernos, solemos aceptar que lleven un registro de nuestros ingresos e impuestos, los servicios públicos, la vida laboral y los antecedentes penales, entre otros.
En algunos países, dicha información se efectúa de forma más generalizada e integrada en bases de datos de expedientes personales que se actualizan constantemente, mientras que en otros la información se recopila de una manera menos organizada y sistemática.
Es por tanto necesario que se garantice la dignidad y las libertades de las personas para que una ciudad sea justa y abierta, características ligadas a la sostenibilidad de la ciudad inteligente.
Normalmente, en cada región se aplica un sistema de protección legal que establece quién es el propietario de los datos y quién puede usar cada tipología de datos y con qué finalidad.
Así, el cumplimiento del sistema de protección es de interés público y contribuye a garantizar determinadas ventajas sociales y empresariales, como la propiedad intelectual y la responsabilidad corporativa limitada.
No obstante, evaluar a tiempo la propiedad y el uso de los datos sigue siendo un desafío global, siendo especialmente difícil de aplicar en aquellos países con un sistema jurídico lento o poco desarrollado.
Actualmente el tema legal es un área de intenso trabajo en el que se están identificando buenas prácticas procedentes de litigios y procedimientos como el impulsado por el estado de California (EEUU) mediante la aprobación de la Ley de la Asamblea 5 para regular Uber y Lyft.
También en estos casos encontramos problemas de privacidad y estándares de datos como el del proyecto Sidewalk Labs de Google en Toronto (Canadá), así como la situación de varias smart cities en China, están poniendo a prueba los límites y dando lugar a nuevos entornos legales, contratos privados y mecanismos de aplicación en los espacios urbanos.
En este asunto de la digitalización, los derechos y las cuestiones éticas, un conjunto de ciudades del mundo, lideradas por Ámsterdam, Barcelona y Nueva York, ha impulsado la plataforma Ciudades por los Derechos Digitales, una iniciativa común que aspira a proteger, fomentar y monitorizar los derechos digitales de los habitantes y los visitantes de las ciudades inteligentes.
La coalición agrupa actualmente a medio centenar de urbes y tiene por objetivo alcanzar estos 5 principios:
- Acceso universal e igualitario a internet, alfabetización digital.
- Privacidad, protección de datos y seguridad.
- Transparencia, rendición de cuentas y no discriminación de datos, contenidos y algoritmos.
- Democracia participativa, diversidad e inclusión.
- Estándares de servicio digital abiertos y éticos.
Es un buen ejemplo de iniciativa para finalizar, ya que su declaración defiende el acceso universal e igualitario a internet y la alfabetización digital, además de incidir en otras cuestiones de protección de la privacidad y la seguridad en el ámbito de la ciudad inteligente o smart city.
