La economía climática pregunta cómo incorporar a las decisiones económicas el coste de alterar el clima, y una de sus respuestas es poner precio a las emisiones mediante impuestos, sistemas de comercio y créditos de carbono.
Estos últimos prometen movilizar dinero hacia proyectos que evitan, reducen o retiran gases de efecto invernadero (GEI), y el problema aparece cuando el activo comprado (una tonelada de CO₂ equivalente sobre el papel) no se corresponde con una tonelada de mitigación real.
Surge así lo que se conoce como crédito fantasma, es decir, un valor económico y contable sin un beneficio climático equivalente.
La pregunta de fondo es inevitable: ¿financiamos reducciones reales o activos que permiten seguir contaminando?
1. De la economía climática al precio del carbono
La economía climática estudia los daños económicos del calentamiento, el coste de reducir emisiones y las políticas capaces de cambiar inversiones, tecnologías y comportamientos.
Poner precio al carbono busca trasladar parte del coste climático a quien emite, que, mediante un impuesto encarece directamente cada tonelada, y un sistema de comercio limita la cantidad total y permite intercambiar derechos. Ambos crean incentivos económicos para reducir emisiones.
Los mercados de créditos funcionan de otra manera. Un proyecto calcula una reducción o retirada respecto a una referencia y, tras aplicar una metodología y un proceso de certificación, puede emitir créditos.
En el mercado voluntario, empresas u organizaciones los compran sin que exista necesariamente una obligación regulatoria y pueden utilizarlos para «compensar» su huella. Un crédito representa, en principio, una tonelada de CO₂ equivalente reducida o retirada.
Conviene separar 2 acciones:
- Reducir las emisiones propias significa modificar procesos, energía, materiales o proveedores para dejar de emitir.
- Compensar significa seguir generando una emisión y financiar una mitigación atribuida a otro lugar.
Incluso con un crédito íntegro, no son equivalentes. La Science Based Targets initiative mantiene esa jerarquía: prioriza reducciones profundas en la cadena de valor y reserva la neutralización del objetivo neto cero para emisiones residuales mediante retiradas permanentes de carbono.
2. Qué convierte un crédito en fantasma
Crédito fantasma es una expresión crítica para describir créditos que existen en registros y transacciones, pero cuya tonelada prometida no es real, adicional, duradera o correctamente cuantificada.
Los principios del Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM) señalan 4 condiciones clave: adicionalidad, permanencia, cuantificación robusta y ausencia de doble contabilización, es decir, que la misma reducción no se emita, reclame o utilice más de una vez.
El primer punto débil es la línea base: el escenario contrafactual de lo que habría ocurrido sin el proyecto. En conservación forestal, los créditos pueden calcularse comparando la deforestación observada con la esperada. Si la referencia presupone una pérdida de bosque demasiado alta, el proyecto aparentará evitar más emisiones de las que realmente evita. El problema puede surgir de supuestos, modelos o áreas de comparación que sobreestiman el riesgo contrafactual, sin necesidad de falsificar una medición.
El segundo filtro es la adicionalidad. Una actividad no debería generar créditos si probablemente habría ocurrido sin los ingresos del carbono. Esto importa, por ejemplo, en determinadas renovables donde la tecnología ya es competitiva o cuenta con otros incentivos suficientes. En 2024, el ICVCM rechazó ocho metodologías de renovables por considerar insuficientes sus pruebas de adicionalidad, aunque subrayó que algunos proyectos y países todavía afrontan barreras de financiación.
La permanencia exige que el beneficio no desaparezca después: el carbono conservado en un bosque puede volver a la atmósfera por incendios, talas u otras reversiones. Los sistemas de integridad reclaman monitorización, reservas y reglas para compensar esas pérdidas.
La magnitud del problema sigue siendo objeto de debate, pero la evidencia es preocupante. Una revisión sistemática de Nature Communications publicada en 2024 estudió 2.346 proyectos, aproximadamente una quinta parte del volumen de créditos considerado por los autores, y estimó que menos del 16% de los créditos de los proyectos investigados correspondía a reducciones reales.
Esa cifra no describe automáticamente todo el mercado: depende de los tipos de proyecto y estudios incluidos, con resultados muy distintos entre categorías.
3. REDD+, Verra y la batalla por las líneas base
REDD+ engloba la reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal, junto con la conservación, la gestión sostenible y el aumento de las reservas de carbono forestal.
Bajo la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, sus resultados deben medirse, notificarse y verificarse; en los mercados voluntarios, parte de esa lógica se ha traducido en créditos forestales comercializables.
Verra, organización sin fines de lucro que gestiona estándares globales de sostenibilidad, quedó en el centro de la controversia en 2023. Una investigación de The Guardian, Die Zeit y SourceMaterial, apoyada en análisis científicos de proyectos forestales, sostuvo que una gran proporción de determinados créditos REDD certificados por Verra estaba sobreestimada.
Verra rechazó esas conclusiones y cuestionó que los métodos utilizados captaran adecuadamente las circunstancias locales o permitieran extrapolar los resultados al conjunto de sus proyectos.
El debate científico no está cerrado. Estudios posteriores han seguido detectando sobreacreditación en proyectos de deforestación evitada; un trabajo de Nature Ecology & Evolution de 2026 concluyó que factores locales no observados difícilmente explicaban por sí solos las discrepancias examinadas.
También ha habido reformas, introduciendo Verra nuevas metodologías que emplean datos jurisdiccionales para asignar el riesgo de deforestación en lugar de permitir que cada promotor construya su línea base con áreas de referencia elegidas por él.
En 2024, el ICVCM aprobó estas reformas y otras metodologías REDD+, resultando que las antiguas metodologías de Verra que no fueron sometidas a esa evaluación no pueden recibir la etiqueta de sus Core Carbon Principles.
La crítica, por tanto, no permite declarar inválido todo REDD+, pero sí ha impulsado cambios metodológicos sustanciales.
4. Incentivos económicos y derechos sobre el territorio
El crédito pasa por una cadena de promotores, verificadores, certificadores, registros, consultoras, plataformas e intermediarios financieros.
Un informe conjunto del Banco Mundial e IOSCO señala posibles conflictos de interés (por ejemplo, verificadores pagados por los promotores que auditan) y costes asociados a la intermediación y a la complejidad contractual. Eso no demuestra fraude, sino por qué el diseño de incentivos y la supervisión importan para que el valor económico dependa de mitigación real.
La integridad también es social. Los proyectos forestales pueden afectar al acceso a tierras, los usos tradicionales, el reparto de ingresos y la capacidad de decisión de pueblos indígenas y comunidades rurales.
Relatores de Naciones Unidas han advertido de riesgos y controversias sobre desposesión, reparto insuficiente de beneficios y falta de consentimiento libre, previo e informado, y han reclamado salvaguardas, transparencia y mecanismos de reclamación.
Esto tampoco significa que todas las comunidades rechacen estos mercados: la financiación puede constituir una oportunidad cuando existe control territorial, participación efectiva y un reparto justo de los beneficios.
5. Conclusión: reducir primero, compensar después
Los fallos documentados no convierten cualquier mecanismo de carbono en inútil.
Un crédito de alta integridad debería ser adicional, usar líneas base conservadoras, medir y verificar resultados de forma independiente, gestionar posibles reversiones, impedir la doble contabilización, ofrecer transparencia suficiente para el escrutinio y proteger los derechos y el reparto de beneficios.
Son, en esencia, los criterios que los marcos actuales de integridad intentan reforzar.
Pero incluso el mejor crédito ocupa un lugar secundario en una estrategia climática empresarial. La compensación no debería sustituir la electrificación, la eficiencia, el abandono de combustibles fósiles o la transformación de la cadena de suministro.
Los estándares corporativos de neto cero más exigentes sitúan primero reducciones profundas y reservan la neutralización para la fracción residual difícil de eliminar, mediante retiradas permanentes.
La economía climática pretende orientar capital hacia la descarbonización. Los créditos pueden contribuir a ello cuando financian una mitigación que realmente no habría ocurrido de otro modo, puede cuantificarse de manera conservadora y se mantiene en el tiempo.
Cuando la tonelada depende de una línea base inflada, una actividad no adicional o una reducción reversible, el mercado corre el riesgo de fabricar apariencia climática en lugar de resultados.
Por eso, la pregunta decisiva no es cuántos créditos compra una empresa, sino qué emisiones ha dejado de producir y qué calidad tiene la mitigación que financia fuera de su perímetro.
Reducir primero; compensar, en su caso, después y solamente las emisiones residuales con créditos de elevada integridad.
Sin esa jerarquía, el crédito puede convertirse en una herramienta de greenwashing: un activo contable que hace más cómoda la contaminación, no una solución para frenarla.
