La incómoda advertencia de la ONU y del IPBES indica que todas las empresas dependen de la biodiversidad y todas influyen sobre ella, aunque muchas todavía no lo reconozcan en su estrategia, en su gestión de riesgos ni en sus informes públicos.
El nuevo informe sobre negocios y biodiversidad, presentado en febrero de 2026 en la 12ª sesión plenaria de IPBES (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services), analiza precisamente los impactos y dependencias de las empresas respecto a la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas.
El mensaje de fondo no es que las empresas sean ajenas a la solución, sino que el sistema económico actual sigue enviando señales equivocadas.
En demasiados casos, contaminar, transformar hábitats, sobreexplotar recursos o desplazar costes ambientales resulta más barato que conservar, restaurar o producir dentro de los límites ecológicos.
1. ¿Qué dice IPBES sobre empresas y biodiversidad?
El informe parte de la idea de que no existen empresas fuera de la naturaleza.
La agricultura depende de suelos fértiles, polinizadores y agua. La industria alimentaria depende de ecosistemas sanos. El turismo necesita paisajes, costas y patrimonio natural. La construcción requiere materiales, suelo y agua. Incluso sectores aparentemente alejados del medio natural dependen de cadenas de suministro expuestas a riesgos climáticos, hídricos y ecológicos.
IPBES identifica sectores con impactos directos elevados sobre la biodiversidad, entre ellos agricultura, silvicultura, pesca, energía, minería, construcción o transporte. También subraya que muchas empresas carecen de información suficiente para comprender sus impactos, dependencias, riesgos y oportunidades relacionados con la naturaleza.
Durante décadas, la biodiversidad ha sido tratada como un recurso gratuito o como una externalidad. El problema es que esa contabilidad incompleta empieza a chocar con la realidad: menos polinizadores, menos agua disponible, mayor erosión del suelo, más incendios, menor productividad agrícola, más conflictos territoriales y mayor exposición regulatoria.
El Foro Económico Mundial ya estimó que 44 billones de dólares de generación de valor económico (más de la mitad del PIB mundial) dependen moderada o altamente de la naturaleza y sus servicios ecosistemicos. Sectores como construcción, agricultura y alimentación figuran entre los más expuestos.
2. ¿Por qué degradar sigue siendo rentable a corto plazo?
La clave del problema está en los incentivos, pues las empresas suelen soportar poco o ningún coste financiero directo por sus impactos negativos sobre la biodiversidad.
Si una actividad degrada un acuífero, fragmenta un hábitat o reduce la fertilidad del suelo, ese daño rara vez aparece de forma inmediata en la cuenta de pérdidas y ganancias.
A la vez, muchas acciones positivas, como restaurar ecosistemas, reducir presión sobre materias primas, conservar corredores ecológicos o colaborar con comunidades locales, no generan ingresos inmediatos o no son reconocidas por el mercado.
IPBES advierte de que las condiciones actuales perpetúan la manera presente de hacer negocios. En 2023, los flujos financieros públicos y privados con impactos directamente negativos sobre la naturaleza se estimaron en 7,3 billones de dólares, frente a 220.000 millones destinados a conservación y restauración de la biodiversidad.
El dinero que empuja la degradación sigue superando de forma abrumadora al que financia la recuperación
El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) también señala que los flujos financieros negativos para la naturaleza son enormes, con sectores como construcción, utilities eléctricas, inmobiliario, petróleo y gas, y alimentación y tabaco concentrando una parte desproporcionada de esos impactos.
3. La gran brecha de transparencia corporativa
Uno de los datos más llamativos del informe es que menos del 1% de las empresas que publican informes mencionan sus impactos sobre la biodiversidad.
Esto no significa necesariamente que el 99% restante no tenga impactos. Significa, más bien, que no los mide, no los reconoce públicamente o no los considera suficientemente materiales. Y esa falta de transparencia corporativa crea varios problemas.
En primer lugar, impide a inversores y reguladores evaluar riesgos reales. En segundo, dificulta comparar empresas dentro de un mismo sector. En tercer y último lugar, abre la puerta al greenwashing, es decir, declaraciones genéricas sobre sostenibilidad empresarial sin datos verificables, sin objetivos medibles y sin trazabilidad sobre impactos en agua, suelo, especies o ecosistemas.
El greenwashing en el ámbito climático ya es conocido, en forma de promesas vagas de neutralidad en carbono, compensaciones dudosas o campañas verdes desconectadas del modelo de negocio.
Con la biodiversidad ocurre algo similar, pero con mayor complejidad. Una empresa puede financiar la plantación de árboles y, al mismo tiempo, mantener cadenas de suministro asociadas a deforestación, contaminación o pérdida de hábitats.
Por eso, hablar de biodiversidad exige ir más allá del marketing ambiental, ya que no basta con proteger algún espacio natural, sino que requiere identificar impactos reales, ubicaciones prioritarias, dependencias críticas, riesgos financieros, derechos de comunidades afectadas y objetivos basados en ciencia.
4. Comunidades indígenas: guardianes de biodiversidad ignorados
IPBES también llama la atención sobre el escaso reconocimiento empresarial del papel de los pueblos indígenas y las comunidades locales como guardianes de la biodiversidad.
Según análisis reciente del PNUMA, el desarrollo industrial amenaza al 60% de las tierras indígenas del mundo y una cuarta parte de sus territorios está sometida a alta presión por explotación de recursos.
Esto tiene profundas implicaciones éticas, ambientales y económicas, ya que las comunidades indígenas no sólo protegen territorios de alto valor ecológico. También poseen conocimientos acumulados sobre restauración, gestión del agua, usos sostenibles del suelo, diversidad genética y adaptación a condiciones cambiantes.
Ignorar esa experiencia empobrece la toma de decisiones. Integrarla de forma justa implica consentimiento libre, previo e informado, participación efectiva, reparto de beneficios y respeto a derechos territoriales.
5. Riesgos para las empresas
En el corto plazo, la pérdida de biodiversidad puede traducirse en interrupciones de suministro, aumento del coste de materias primas, conflictos sociales, sanciones, pérdida de licencias o daño reputacional. Una empresa alimentaria expuesta a sequías o pérdida de polinizadores no afronta un problema ambiental abstracto, sino un riesgo operativo.
A medio plazo, la biodiversidad empezará a pesar más en decisiones de bancos, aseguradoras e inversores. En este sentido, la Taskforce on Nature-related Financial Disclosures ofrece recomendaciones para que las organizaciones evalúen y comuniquen dependencias, impactos, riesgos y oportunidades relacionados con la naturaleza.
Las empresas que no puedan demostrar trazabilidad, diligencia debida y objetivos creíbles podrían encontrar más dificultades para acceder a capital, licitaciones públicas o mercados con exigencias ambientales crecientes.
A largo plazo, la cuestión es más estructural, pues ningún modelo de negocio puede ser competitivo si destruye las bases ecológicas que lo sostienen. Una economía sostenible no consiste únicamente en reducir emisiones, sino en operar dentro de límites planetarios, regenerar capital natural y repartir valor de forma más justa.
6. Qué pueden hacer empresas, gobiernos e inversores
Para las empresas, el primer paso es medir, por ejemplo, mapear operaciones y cadenas de suministro, identificar dependencias críticas, localizar impactos en territorios concretos y priorizar sectores o productos de mayor riesgo. Herramientas como el enfoque LEAP de TNFD (Localizar, Evaluar, Analizar y Preparar) ayudan a ordenar este proceso.
El segundo paso es actuar: reducir presiones sobre ecosistemas, rediseñar productos, sustituir materias primas de alto impacto, restaurar áreas degradadas, aplicar compras responsables y establecer objetivos medibles de biodiversidad.
Los gobiernos, por su parte, deben corregir incentivos perversos. Eso implica revisar subvenciones perjudiciales, introducir criterios ecológicos en la contratación pública, reforzar la regulación contra el greenwashing y exigir información comparable sobre impactos en biodiversidad.
Los inversores tienen una función decisiva de dejar de tratar la naturaleza como un asunto reputacional y empezar a incorporarla en el análisis de riesgo, valoración de activos y coste del capital.
7. Conclusión: proteger la biodiversidad ya no es opcional
La advertencia de IPBES no debería interpretarse como una condena al sector empresarial, sino como una llamada a actualizar las reglas del juego.
Si degradar sigue siendo más rentable que proteger, el problema no está solamente en las decisiones individuales de cada empresa, sino en un sistema económico que todavía premia la extracción y penaliza la restauración.
La sostenibilidad empresarial del futuro no se medirá únicamente en toneladas de CO₂ evitadas, sino que también se evaluará por la capacidad de una organización para conservar agua, suelo, especies, ecosistemas y relaciones justas con las comunidades que cuidan la biodiversidad.
Para las empresas, actuar ahora no es filantropía ambiental. Es resiliencia, competitividad y sentido estratégico.
Para los gobiernos, es una cuestión de política económica.
Y para nosotros, los ciudadanos, una oportunidad para recordar que no hay economía sostenible sin naturaleza viva.
