Aunque es fácil intuir lo que significa el término que nos ocupa, lo cierto es que recientemente expertos jurídicos de todo el mundo han elaborado una definición de ecocidio que, además de suponer un hito histórico, tiene visos de que puede ser adoptada por la Corte Penal Internacional para enjuiciar los delitos más atroces contra el medio ambiente.
Así, se define el ecocidio como aquellos actos ilícitos o caprichosos cometidos con el conocimiento de que existe una probabilidad sustancial de que esos actos causen daños graves, generalizados o duraderos al medio ambiente.
Impulsada por la Fundación Stop Ecocide esta iniciativa surge en medio de una preocupación creciente y generalizada de que no se está haciendo lo suficiente para abordar la crisis climática y ecológica que tenemos en ciernes.
Si este concepto es adoptado finalmente por la Corte Penal Internacional (CPI), se convertiría en el quinto delito que procesa este tribunal, junto con los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y el crimen de agresión, y el primer delito internacional que se incorpora desde la década de 1940, cuando los dirigentes de la Alemania nazi fueron procesados en los Juicios de Nuremberg.
Según los expertos, los otros 4 delitos se centran exclusivamente en el bienestar de los seres humanos. Este nuevo propuesto, por supuesto también lo hace, pero introduce un nuevo enfoque no antropocéntrico, que sitúa al medio ambiente en el centro del derecho internacional, lo que configura esta iniciativa como original e innovadora.
Es de destacar que este paso adelante forma parte de ese proceso más amplio de cambio de conciencia pública, reconociendo que estamos en relación con nuestro medio ambiente, dependemos de él para nuestro propio bienestar y que va a ser necesario emplear diversos instrumentos políticos, diplomáticos y legales para lograr la protección del Planeta.
Regular legalmente el ecocidio no es una cuestión nueva, siendo impulsado por primera vez por el fallecido primer ministro sueco Olof Palme en la conferencia ambiental de la ONU de 1972 en Estocolmo (Suecia).
Después se consideró la inclusión del ecocidio en el Estatuto de Roma de 1998 que estableció la Corte Penal Internacional, aunque finalmente no fue considerado.
Más recientemente, la abogada escocesa Polly Higgins lideró una campaña duró una década para que el ecocidio fuera reconocido como un crimen de lesa humanidad antes de su muerte en 2019.
Los miembros que han participado en la elaboración de esta definición esperan que este sea el momento adecuado para llegar a un consenso internacional, ya que el medio ambiente se encuentra amenazado en todo el mundo, siendo causados daños muy graves y persistentes que ponen en peligro la vida de las personas que viven en él.
La definición de ecocidio ayuda a enfatizar que la seguridad de nuestro Planeta debe garantizarse a escala internacional
En el contexto actual, donde los ataques al entorno y su biodiversidad son cada vez más importantes y afectan a un gran número de países, se podría dar un paso definitivo en el apoyo para esta nueva definición del delito de ecocidio.
Cada vez está más clara la ausencia de fronteras en el impacto de ciertas actuaciones que degradan el medio natural, como el vertido de todo tipo de contaminantes o el exterminio de especies que provocan casos graves de zoonosis.
En este sentido, algunas pequeñas naciones insulares han impulsado decididamente la consideración del crimen de ecocidio en la Asamblea Anual de Estados miembros de la Corte Penal Internacional de 2019.
Lo cierto es que en ciertas ocasiones la Corte Penal Internacional ha sido criticada por no investigar los principales delitos ambientales, manifestando en 2016 que evaluaría los delitos existentes, como los crímenes de lesa humanidad, en un contexto más amplio para incluir la destrucción del medio ambiente y la apropiación de tierras.
En este sentido, algunos miembros de la corte habían presionado para que la definición mencionara explícitamente el cambio climático, pero eso fue rechazado debido al deseo de dificultar que los países y las corporaciones se opongan a nuevos textos legales.
En cambio, se optó por crear una definición que contempla los actos más atroces, pero no considera el tipo de actividad diaria en la que muchos de nosotros estamos involucrados y que causan un daño significativo al medio ambiente en todas las escalas temporales.
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha defendido la idea, al igual que el Papa, y países europeos relevantes también han expresado su interés
Hablamos de ecocidio cuando nos referimos a cuestiones de gran calado como accidentes nucleares, derrames de petróleo o la deforestación de zonas ricas en biodiversidad, como es el caso del Amazonas.
Pero también es ecocidio, en una escala geográfica más pequeña, la matanza ilegal de una especie protegida, el consumo desmesurado de recursos naturales o la generación sin control de basura plástica que acaba en ríos y mares.
Esta acepción del término ecocidio es concisa, se basa en sólidos precedentes legales y se considera que encaja bien con las leyes existentes, por lo que nos proporciona una herramienta legal viable que da respuesta a una necesidad real, urgente y global.
Por lo tanto, nos encontramos en un momento histórico que puede dar lugar a que dispongamos de una definición de ecocidio ajustada entre lo que se debe hacer de manera concreta para proteger los ecosistemas y lo que será aceptable para los estados.
