Modelo de compras responsable: criterios sociales

La compra responsable debe contemplar aspectos sociales

En nuestro primer acercamiento a un modelo de compras responsable exploramos los principales criterios económicos que pueden intervenir en los procedimientos que forman parte del proceso de compras.

Ahora vamos a repasar una lista no exhaustiva de ejemplos de aspectos sociales potencialmente importantes para las compras, como puede ser el caso de la compra pública. Algunos aspectos sociales, en función de su naturaleza, sólo pueden incluirse en determinadas etapas del procedimiento de contratación.

Las empresas, como compradoras, deben decidir en cada caso qué aspectos sociales son relevantes para la contratación, en función del objeto del contrato y de sus objetivos.

Destacamos como relevantes los siguientes aspectos sociales:

  • Implantación de políticas de diversidad, con especial énfasis en el empleo de jóvenes, el equilibrio de género, la generación de empleo para desempleados de larga duración y trabajadores de más de 45 años, políticas sobre diversidad y oportunidades de empleo para personas en riesgo de exclusión, promoción de oportunidades para personas con discapacidad, a través de entornos laborales accesibles y de inclusión, implementaciones que pueden llevarse a cabo con la asesoría de organizaciones especializadas en la gestión de la diversidad, la correcta interpretación de la diversidad en los recursos humanos, la implementación de políticas responsables en el ámbito laboral a través del cambio de la cultura corporativa.La Green Grounds cultivando huertos urbanos en Los Angeles (EEUU)
  • Promoción de políticas responsables de empleo, es decir, que respeten condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. Las normas fundamentales de trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) prohíben el trabajo forzado (Convenciones 29 y 105) y el trabajo infantil (Convenciones 138 y 182) y establecen el derecho a la libertad de asociación y la negociación colectiva (Convenciones 87 y 98) y a la no discriminación en términos de empleo y ocupación (Convenciones 100 y 111). Las bases legales de las normas fundamentales de trabajo son las ocho convenciones centrales de la OIT mencionadas, que han sido ratificadas por todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE), así como la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas, y hace parte de la forma ratificada desde 2007, lo cual incide sobre la obligación de los Estados y de las empresas para la implementación de políticas a favor de la inclusión socio-laboral de personas con discapacidad, en conjunción con el respeto de los derechos humanos y los acuerdos internacionales en esta materia (declaración DDHH, Pacto Mundial, entre otras). Los Derechos Humanos establecen el marco mínimo de actuación de las empresas, sobre todo aquéllas con actividad transnacional.
  • La promoción y el cumplimiento de los derechos sociales y laborales. Cumplimiento de leyes nacionales y convenios colectivos que sigan la legislación de la UE. Cumplimiento del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres, incluido el principio de igualdad salarial por trabajos de igual valor y la promoción de la igualdad de género. Cumplimiento de las leyes de salud y seguridad laboral. Incluir especificaciones contra discriminación por razón de edad, discapacidad, origen racial, religión …
  • El respaldo de la inclusión social y la promoción de organizaciones de economía social, tales como las que emplean a personas en riesgo de exclusión en general (minorías étnicas, personas con discapacidad).Las personas con discapacidad deben ser discriminadas positivamente
  • La promoción del concepto de accesibilidad universal y diseño sostenible para todos. Incluir disposiciones obligatorias en las especificaciones técnicas que garanticen el acceso de personas con discapacidad a servicios, productos y entornos.
  • El respeto y desarrollo de marcos de actuación para asegurar la seguridad y salud laboral, tanto en los centros de producción como en la prestación de servicios.
  • Un compromiso más general a la hora de seleccionar los proveedores más responsables, es la búsqueda de empresas que trabajan de forma voluntaria y que van más allá de lo que exige la ley para perseguir objetivos medioambientales y sociales en sus actividades comerciales. Se trataría de seleccionar a los proveedores que puedan garantizar una gestión más responsable de sus operaciones. Por ejemplo, aquellas empresas:
    • que se comprometen a respetar y proteger los Derechos Humanos.
    • cuyas políticas ambientales aseguran una optimización de los recursos naturales empleados y la minimización de impactos ambientales.
    • que disponen de un marco ético que aseguran la transparencia en sus operaciones y la lucha contra la corrupción y el soborno.

La dificultad en demostrar el cumplimiento de las condiciones mencionadas, con frecuencia recae en las empresas más pequeñas, por la ausencia de capacidad o recursos para invertir en sistemas documentados o formales de cumplimiento, tales como la existencia de un Código Ético o una política de Derechos Humanos, por ejemplo.

Por este motivo, se recomienda que exista una adaptación del nivel de exigencia de los criterios a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME), establecer requisitos económicos y de calificación proporcionados a sus capacidades.

En nuestra próxima entrega del modelo de compras responsable nos ocuparemos de los criterios ambientales.

Ricardo Estévez

Mi verbo favorito es avanzar. Referente en usos innovadores de TIC + Marketing. Bulldozer sostenible y fundador de ecointeligencia

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